Lento avance en reajustes para el sector construcción y agenda de modernización

Gran preocupación y desconcierto existe actualmente en el rubro de la construcción por el futuro de las obras públicas que se encuentran en ejecución. Esto producto del impacto de un mix de variables que desde la pandemia está afectando al sector y que incluye desde el alza de costos hasta las trabas para acceder a financiamiento, como los principales factores.

A nivel regional, esta situación ha obligado a que varias empresas emblemáticas y con décadas de trayectoria hayan iniciado dolorosos procesos de quiebra debido a esta crisis, con todo el drama que esto significa para sus colaboradores y proveedores, además del perjuicio a la comunidad por no poder contar con anheladas obras públicas y para el Estado que debe desembolsar mayores recursos para retomar obras que quedan inconclusas.

Como antecedente, gran parte de los contratos de las constructoras se hacen mediante el mecanismo de “suma alzada”, es decir, a un precio fijo, por lo que, si los costos aumentan, éstos los debe asumir la empresa. Se dificulta aún más si las obras se demoran más de doce meses en iniciarse, con el consiguiente aumento de costos valorizados en un principio.

Todo esto hizo que en 2022 fueran 43 los contratos abandonados y hoy ya alcanzan a los 22.

En este escenario, el Gobierno promulgó en marzo de este año el Decreto Supremo N°304, que reconoce el aumento de precios con un tope del 20% del valor de proyectos públicos que no pertenecen al Ministerio de Obras Públicas (MOP). Sin embargo, a la fecha, el proceso de pago ha sufrido un retraso y no ha comenzado.

Según la información proporcionada por el jefe de evaluación del Ministerio de Desarrollo Social (MIDESO), en el país existen 94 solicitudes de esta índole, de las cuales 48 estarían con resolución satisfactoria y 46 en tramitación.

Dado esta realidad, es de suma urgencia hacer efectivos los pagos de estos reajustes y, a la vez, acelerar una metodología que destrabe las burocracias existentes y que permita unificar criterios de aplicación del cálculo de esos reajustes.

Sin duda, creemos que esto irá en directo beneficio de las empresas, de manera que las dotará de recursos frescos para dar término a sus proyectos.

Es preciso tener como referencia la experiencia de 2022, cuando el MOP, mediante el Decreto Supremo N°177 dio suma urgencia a la tramitación de solicitudes y al pago en tiempo récord de los recursos comprometidos; lo que permitió un respiro a la alicaída situación de muchas empresas locales y además permitió dar término a sus respectivos contratos en forma satisfactoria.

Por supuesto, que también es necesario adecuar los presupuestos de las licitaciones a la nueva realidad de costos que vive la construcción y mejorar aspectos como la permisología. En definitiva, una modernización de la agenda de obras públicas, ya que sin ella el repunte de la actividad no será todo lo significativo que el sector y el país requiere.