Nueva Ley de Delitos Económicos: empresas deberán implementar modelo de prevención

En agosto de este año, entró en vigencia la nueva Ley 21.595 de Delitos Económicos. La normativa apunta a cambiar el panorama empresarial y legislativo para adecuarlos a legislaciones internacionales.

El nuevo escenario fue analizado, en una charla organizada por la CChC Concepción para sus socios, por el abogado y Magister en Derecho Corporativo, José Miguel Flores.

La ley considera más de 200 delitos económicos y sanciona los atentados contra el medio ambiente. Entre sus disposiciones incluye la responsabilidad penal no sólo de quienes tienen cargos jerárquicos en una empresa, sino, de cualquiera de sus miembros o prestadores de servicios que cometan un delito, en favor de ésta.

Flores admitió que la nueva normativa plantea “una situación compleja y bastante difícil de abordar”. Ejemplificó que en el caso del sector construcción al indicar el delito funcionario también debería considerarse a contratistas y proveedores.

En este sentido, agregó que las empresas deberán disponer de un modelo de prevención, “correctamente implementado, que sea funcional y que vaya forjando límites y controles en las relaciones que establece la empresa”.

Flores indicó que con esta legislación el desafío es prepararse en compliance y certificación de dicho modelo de prevención, por lo que se presume un cambio significativo para la organización y para su gobierno corporativo.

Las empresas que están obligadas a tener este sistema de prevención son las que facturan más de 2.500 UF anuales. La puesta en marcha de esta norma será en agosto de 2024, ya que se otorga el plazo de un año para que las empresas realicen los ajustes.  

Por una parte, la nueva legislación pone a Chile a la altura de países como Estados Unidos en materia de probidad y sanción de delitos “de cuello y corbata”. Con esto, dice Flores, se espera que las empresas chilenas se beneficien y sean preferidas por el alto estándar que ahora deberán cumplir.

Sin embargo, en el ámbito nacional, comentó el abogado, “le pone un peso al emprendimiento y a empresas más pequeñas al exigir un modelo de prevención certificado”.

Además, el espíritu de la ley apunta a que estos modelos sean efectivos e idealmente monitoreados continuamente, por lo que las empresas deberán contar con asesorías capaces de hacer esa evaluación.

Así, las organizaciones tendrán que abocarse a la tarea de formalizar prácticas en un sistema más estructurado, tal como lo exige la nueva ley.