Proyectos de viviendas privadas requieren hasta 1.700 días para ser aprobados en nuestra Región

Más de 1.700 días hábiles de trámites necesita un desarrollador inmobiliario para lograr la aprobación de un proyecto habitacional en la Región. Así lo reveló el estudio “Análisis de Productividad Asociada a Tramitología en el Desarrollo de Proyectos de Vivienda Privada, Región del Biobío”, que impulsó la CChC local y que elaboró la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC).

El documento, que fue presentado en esa casa de estudios, tuvo como principal objetivo analizar y cuantificar en detalle los ciclos de desarrollo de viviendas privadas en la Región, comparándolos con los procesos de países OCDE. El análisis además propone medidas para mejorar la productividad y eficiencia.

Bernardo Suazo, presidente de la CChC Concepción, expresó que el panorama en tramitología de proyectos está lejos de mejorar. “Hoy son 1.705 días los que una iniciativa demora, lo que hace que nos ubiquemos dentro de los países de la OCDE en el lugar 205 de 208 naciones en este tema. Esto no es alentador y por eso se hace urgente optimizar esos plazos”.

Añadió que estos retrasos afectan directamente la implementación de nuevos proyectos y no sólo a los de gran envergadura, sino también, a las pequeñas y medianas empresas. “Estamos frente a un desincentivo perverso a la hora de construir”, afirmó.

La prorrectora de la UCSC, Ana Narváez, coincidió en valorar el estudio como un impulso para reactivar las inversiones. “En el contexto de una economía más contraída, como la que hoy se vive en el país, este tipo de análisis puede ayudar a que la ley tenga algunos cambios y así imprimir mayor dinamismo al sector de la construcción y a la economía en general”.  

Por su parte, el académico que encabezó el equipo a cargo del estudio, Guillermo Bustamante, señaló que la permisología es un problema de Estado y no del gobierno de turno. “Si no solucionamos esto ahora, los afectados, más que las empresas constructoras serán las personas. En el país, tenemos un déficit habitacional cercano a las 500 mil viviendas, es decir, más de dos millones de habitantes que no tienen un hogar y si los trámites continúan siendo tan extensos, en los servicios públicos como de parte de los privados, este problema va a continuar”.

El estudio también analizó el proyecto de ley de Sistema Inteligente de Permisos, actualmente en discusión en el Congreso, para determinar potenciales aportes en base al análisis de experiencia internacional comparada.

Para esto el gremio propone:
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• La creación de un formulario o expediente detallado, que desglose exhaustivamente los requisitos y la documentación necesaria para cada permiso y certificado como una estrategia clave para facilitar la navegación de los ciudadanos y entidades interesadas en el proceso. Que las atribuciones del nuevo servicio sean vinculantes entre los organismos sectoriales, pues de lo contrario se podrían generar nuevas dificultades de coordinación entre los organismos.
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• Establecer un mecanismo de control o de evaluación permanente que mida la eficacia y calidad del nuevo proyecto.
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• Para que los servicios públicos asuman más rápidamente el cambio cultural que implica comprometerse con la eficacia de los nuevos procesos, sería conveniente incorporar incentivos funcionarios asociados a la eficiencia en la tramitación de los permisos e instancias formales de rendición de cuentas sobre lo mismo.
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• Se plantea la integración de un sistema de retroalimentación de los usuarios, mediante el cual se recojan comentarios y sugerencias que contribuyan a mejorar y perfeccionar los procesos establecidos.