Falta de recursos para implementar ley que agiliza permisos de construcción preocupa a gremio

En enero de 2025 entrará en vigencia la nueva ley para la agilización de los permisos de construcción, la cual busca simplificar los trámites en materia de edificación.

Esta legislación viene a modificar la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC) y tiene como protagonistas a las Direcciones de Obras Municipales (DOM), que tienen un papel fundamental en la implementación de este cambio, ya que que son las encargadas de revisar y aprobar los proyectos para emitir los permisos de edificación.

Si bien la normativa propone reducir plazos de forma indirecta, por medio de la revisión de las DOM, solo de los proyectos de mayor envergadura, eliminando la tarea de revisar obras menores, se teme por un efecto rebote. El arquitecto y vicepresidente del Comité de Vivienda de la CChC local, Javier Troncoso, dijo que “el objetivo de la ley es noble y tiene varios puntos positivos, pero la aplicación termina siendo una incógnita respecto a la reducción efectiva de plazos”. Agregó que si bien, existen una serie de proyectos que no serán responsabilidad de las DOM, esto puede generar reclamación, lo que se traduciría en un mayor trámite administrativo.

La ley también incorpora el concepto de silencio negativo, esto significa que si la DOM, no revisa el proyecto en el plazo establecido, podría solicitarse el rechazo del expediente, y con ese antecedente, el mandante podría pedir a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, su revisión. Lo anterior, significará que esta secretaría regional ministerial tendrá que recibir una sobrecarga laboral para la cual, actualmente, no están preparadas.

En esa línea, Troncoso planteó que otra de las dudas que persisten es que la ley no establece recursos para mayor infraestructura y personal para las direcciones de obras municipales ni para atender el silencio negativo en el Minvu. “Muchas veces, las DOM y la Seremi de Vivienda y Urbanismo están comprometidas con cumplir con los plazos, pero por un tema de recursos no lo logran”.  

La nueva normativa establece de forma clara la responsabilidad de esas unidades para otorgar los permisos de construcción, correspondiéndole la revisión de obras urbanísticas y agrega que las DOM también son responsables por las condiciones necesarias para aplicarlas; lo que según manifestaron genera otro punto de dudas y preocupación.

La iniciativa legal fue analizada en un conversatorio que impulsó la CChC Concepción, a través de su Comité de Arquitectura, junto a representantes de las direcciones de obras municipales de Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel, Talcahuano y Los Ángeles y de la Seremi de Vivienda y Urbanismo del Biobío.

La mayoría de quienes participaron en este espacio de diálogo público-privado, manifestaron que les preocupa si realmente la normativa logrará agilizar los nudos críticos en el sistema de tramitación de los permisos.

Desde el Minvu, indicaron que la vigencia de la ley será de manera gradual. La primera fase regirá desde enero de 2025 y una segunda, en junio del próximo año.