Vicepresidente de la CChC local participó en presentación del Índice de Costo Económico por Permisología

Un nuevo indicador sobre “permisología” y su impacto a nivel local dio a conocer la Universidad San Sebastián. Se trata del primer Índice de Costo Económico por Permisología (ICEP) que elaboró la Facultad de Economía y Gobierno de esa casa de estudios.

El informe fue presentado por el decano de esa facultad, Alejandro Weber, en la USS sede Concepción. Posteriormente, se debatió sobre el tema en un panel de conversación en el que participó el vicepresidente del gremio local, Juan Ignacio Lathrop, junto al gerente general de la Cámara de la Producción y el Comercio de Biobío (CPC Biobío), Ronald Ruf y el gerente de Asuntos Corporativos y Comunidades Consorcio Eólico, Mauricio Franjola, como invitados.

En su exposición, Weber destacó que la región del Biobío presenta una “situación deteriorada” en comparación a otras regiones, con un PIB de 1,4% durante el primer trimestre de este año, en comparación con el 5,8% en igual periodo de 2023. En tanto, las exportaciones mostraron una contracción de un 6%, a mayo de 2024, con respecto a igual periodo del año anterior.

En este contexto, el índice estimó la pérdida de actividad económica producto del retraso de la puesta en marcha de proyectos. En la Región, dos de cada tres proyectos estuvieron en calidad de retrasados en 2023, lo que significó un costo económico de US$ 300 millones en el año y que además equivale a una pérdida de 10 mil empleos.

Weber señaló que el informe identificó 18 proyectos con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) aprobada en 2023 en la región, un 42% menos que el promedio histórico por año (27 proyectos aprobados). Esto, dijo, responde a que un proyecto en Biobío tomó 488 días corridos en aprobarse desde que ingresó al sistema hasta que logró una RCA positiva, casi 100 días más que el promedio a nivel nacional.

En el caso de un permiso ambiental de mayor envergadura, este proceso tomó 1.230 días, 240 días más que el promedio a nivel nacional. En el sector inmobiliario se presentaron las menores demoras, con 276 días, un 3% menos que a nivel nacional.

En el panel de discusión, Lathrop comentó que el gremio local desarrolló la actualización del “estudio de los mil días” para medir la demora en la aprobación de un proyecto. Este dio como resultado un retraso de 1.704 días.

“Hoy no sólo los proyectos se están demorando más en su tramitación, sino, que además existe un incremento en sus costos”, aseveró. Esto, dijo, por factores como el alza de tasas y aumento en créditos.

Lathrop agregó que existe una “cifra oculta” respecto de las iniciativas, es decir, que hay proyectos que simplemente desisten y no se ejecutan, porque “los números no dan”. Entonces, expresó que disminuir la permisología permitiría reactivar inversiones, generar más empleo y dotar a los ciudadanos de mayor infraestructura.