Hallazgos Arqueológicos no previstos: Cómo compatibilizar la conservación sin obstaculizar la inversión

El rubro de la construcción ha sido afectado, en los últimos tres años, por una serie de factores que están impactando la ejecución y concreción de proyectos de primera necesidad. Los mayores costos de construcción, el complejo acceso a crédito por parte de las empresas y la agobiante burocracia y entrampamiento en procesos mantienen una industria alicaída.

En este último punto, los hallazgos arqueológicos no previstos son una de las principales trabas que están incidiendo en el retraso de las obras, tanto del área pública como privada, es el caso de hospitales, colegios y viviendas. Por ello, los involucrados en estos procesos se encuentran expectantes ante la entrada en vigencia de la nueva Ley de las Culturas y el Patrimonio, que vendría a modernizar la normativa de conservación patrimonial y el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), encargado de los protocolos procedimentales en cuanto a caracterizaciones, preservación, permisos de excavación y rescate de los hallazgos.

Lo anterior, junto a otros proyectos de ley que buscan agilizar diversos permisos sectoriales.  

Desde el gremio constructor hemos abordado este tema, enfocándonos en analizar cómo conciliar el desarrollo de inversiones y la protección de los hallazgos. Esto, ya que concordamos en la necesidad de preservar y resguardar sin entorpecer el desarrollo sostenible de la ciudad. Así, desde el Grupo de Trabajo de Patrimonio hemos comenzado a estudiar la experiencia de otros países en cuanto a legislación comparada, reglamentos y procedimientos relacionados con el tema.

Dentro de las problemáticas que más preocupan están las asociadas a los tiempos de respuesta del organismo técnico, generando desajustes en la planificación de la obra, pudiendo modificar, incluso, los contratos de construcción. Como muestra: la resolución de los ingresos de los permisos están al borde de los 90 días hábiles y los estudios de caracterización arqueológica superan los 6 meses.

Lo anterior, sin duda, genera un aumento excesivo en los costos en construcción, y lo que es aún más grave, afecta directamente a la población que requiere de esas instalaciones para una mejor calidad de vida.

Esto se profundiza debido a la excesiva centralización del CMN en su area técnica, lo que dificulta la resolución de los procesos a nivel regional.

Ante este panorama, es vital la pronta puesta en marcha de la nueva normativa, teniendo en cuenta que la Ley de Monumentos Nacionales data de la década del ´70, por lo que no opera con el dinamismo requerido para el contexto de los procesos y necesidades actuales.

Por lo tanto, esperamos que con la nueva legislación se dinamicen los procesos de tramitación y evaluación y que, en la práctica, se desconcentren atribuciones de manera de fortalecer el trabajo del organismo técnico en cada región, a fin de optimizar la preservación y conservación del Patrimonio, junto a los requerimientos de la ciudad.